Aunque las mujeres siguen enfrentándose a más obstáculos que los hombres en la gestión de sus explotaciones y sufren una mayor precariedad laboral, también es innegable que, paso a paso, están transformando el medio rural desde dentro, liderando proyectos sostenibles, diversificando las economías locales y generando innovación en ámbitos como la agroecología, el turismo rural o la transformación agroalimentaria.
Es para mí un motivo de especial satisfacción participar, en este anuario de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), a través de su Fundación de Estudios Rurales. Lo hago con el mismo entusiasmo y respeto con el que siempre he colaborado con esta organización, con quienes he estado encantada de ir de la mano a lo largo del tiempo. Agradezco profundamente la oportunidad de aportar mi pequeño grano de arena a una publicación que representa no solo una radiografía del presente, sino también una hoja de ruta colectiva para el futuro del campo español.
Comenzaré expresando mi reconocimiento a la labor incansable que desarrolla la UPA y, de forma muy especial, FADEMUR. Ambas organizaciones no solo representan los intereses de agricultores, ganaderos y mujeres rurales, sino que también dan voz, visibilidad y sentido a un modo de vida que muchas veces permanece al margen del foco mediático pero que constituye el alma rural de nuestra sociedad.
Gracias por seguir tejiendo redes, construyendo oportunidades, y defendiendo la dignidad del medio rural desde una visión inclusiva y transformadora. Y gracias también por seguir dando voz a quienes, cada día, cultivan el territorio y lo convierten en hogar, en vida, en sustento para todas y todos.
Los anuarios como este permiten hacer algo esencial en estos tiempos que vivimos donde la inmediatez lo opaca todo: parar, mirar atrás, analizar el presente y proyectar el futuro. Este año, además, el anuario pone el foco en un tema que no puede ser más oportuno: la agricultura y ganadería familiar en España. Un modelo que representa mucho más que una forma de producción: es cultura, es identidad, es arraigo y es sostenibilidad. Frente a modelos intensivos o altamente industrializados que a menudo priorizan el volumen sobre el valor, la agricultura familiar pone en el centro el territorio, el cuidado del medio ambiente, la calidad de los productos y la cohesión social.
Este modelo merece ser reconocido, protegido y promovido con políticas públicas que lo fortalezcan frente a las amenazas externas -como los aranceles- y a las dificultades internas, que siguen condicionando el futuro del medio rural: la despoblación, que sigue vaciando nuestros pueblos; la emergencia climática, que nos enfrenta a sequías más prolongadas e imprevisibles; el desperdicio alimentario, que requiere una respuesta sistémica a lo largo de toda la cadena de valor; y, cómo no, la necesaria consecución de la igualdad real y efectiva de las mujeres rurales en el sector agrario, en todos los niveles de actuación, representación, decisión y liderazgo.
Progreso y desafíos para las mujeres rurales
Y quiero hacer especial hincapié en esto último, porque aunque es cierto que las mujeres rurales cada vez ocupan un lugar más destacado en la agenda pública, en las prioridades de inversión en el medio rural y en el diseño de las políticas públicas específicas como la Política Agrícola Común (PAC), que incorporó como una de las principales novedades en su programación 2023-2027 precisamente el enfoque de género auspiciado por nuestro país; también tienen que hacer frente a desafíos persistentes, como las desigualdades estructurales, la falta de acceso a recursos, carencias de representación y brechas digitales que aún limitan el potencial de muchas mujeres en nuestros pueblos.
Así, observamos que el campo español refleja una acusada masculinización, dado que las mujeres suponen algo menos de la tercera parte de las personas que se dedican a la rama agraria (29,61 %) -EPA 4T2024-. Además, las mujeres asalariadas en el sector agrario presentan mayor parcialidad que los hombres (un 9,8% frente a un 3,9%) y mayor temporalidad (64,9% de ellas, cifra superior a la de los hombres, que es cercana a la mitad, el 51,3%).
En la misma línea, la tasa de desempleo agrario femenina (24,6%) supera a la masculina (16,1%) en 8,5 puntos porcentuales, siendo más acentuada y con mayor brecha de género que en el conjunto de sectores productivos. Asimismo, tan solo el 32% de las personas que son titulares de explotación son mujeres. Y, a ello se suman menores retribuciones: el salario percibido por las mujeres con contrato indefinido en 2024 fue un 3,38 % inferior al de los hombres.
Por otro lado, igual que en el resto de los sectores de actividad, las mujeres en el medio rural sufren infrarrepresentación. Según los últimos datos disponibles, las mujeres representan un 28,3% de la base social de las cooperativas, mientras que sólo un 14,3% ocupan puestos de dirección en el total nacional, y un 4,8% ejercen la presidencia. No obstante, se puede observar un incremento leve de mujeres en los consejos rectores en los últimos ejercicios.
Los datos nos hablan con claridad: las mujeres siguen enfrentándose a más obstáculos que los hombres para acceder a la titularidad de las explotaciones, a los recursos, o a la representación institucional. Y sufren una mayor precariedad laboral. Sin embargo, también es innegable que, paso a paso, están transformando el medio rural desde dentro, liderando proyectos sostenibles, diversificando las economías locales y generando innovación en ámbitos como la agroecología, el turismo rural o la transformación agroalimentaria.
De hecho, según puede extraerse del Diagnóstico de la mano de obra agraria con perspectiva de género, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 2025, a partir de datos del Censo Agrario 2020, pese a que hay una menor proporción de mujeres que de hombres que desarrollan otras actividades lucrativas en sus explotaciones, en las mujeres es más habitual que estas actividades lucrativas pasen a ser la actividad principal de sus explotaciones.
Por tanto, las mujeres del medio rural son el rostro del esfuerzo, de la inteligencia y del equilibrio. Ellas sostienen la vida y el territorio con una fuerza muchas veces invisible, pero siempre imprescindible. Y a poner nombres y apellidos a todos esos rostros ha contribuido enormemente FADEMUR, que lleva más de veinte años fijando población para que las mujeres jóvenes se queden en el mundo rural y promulgando que los oficios del mundo rural relativos a la agricultura y a la ganadería tienen prestigio.
La Política Agraria Común y el futuro del campo español
Por otro lado, sirviéndome de este anuario para hacer cierto ejercicio prospectivo, cabría señalar que el año que se avecina, el 2026, estará marcado por dos efemérides que tienen, cada una a su manera, una especial relevancia para el campo español. Por un lado, se cumplen 40 años de la adhesión de España a las entonces Comunidades Europeas, ahora, Unión Europea. Una fecha que nos invita a reflexionar sobre lo que ha supuesto, en términos agrarios, nuestra integración en Europa.
La Política Agraria Común (PAC) ha sido, sin duda, uno de los principales motores de transformación del sector. Ha aportado seguridad alimentaria y precios asequibles a los casi 450 millones de ciudadanos que conformamos hoy la Unión; y financiación, estabilidad de rentas y orientación estratégica a más de 10 millones de explotaciones agrícolas en la Unión y 17 millones de personas que trabajan habitualmente en el sector, aunque no sin desafíos ni tensiones.
Hoy, cualquier debate sobre el futuro del campo español debe pasar necesariamente por una reflexión profunda sobre cómo queremos que sea la nueva PAC, la del periodo 2027-2033, cuyas negociaciones, teniendo en cuenta los tempos de Bruselas, comenzarán más pronto que tarde. Es ahí, donde tendremos que configurar una vez más el tipo de agricultura que queremos proteger y qué medidas son necesarias para que nadie se quede atrás. Un sistema justo que no pierda el foco en los agricultores que más lo necesitan y que suponga un buen sistema de incentivos, que continue apoyando especialmente a los jóvenes -para que puedan tomar el relevo- y las mujeres, porque el sector agrario suministra bienes públicos estratégicos que deben ser compensados, ya que de ello depende la seguridad alimentaria de Europa.
Reglas claras, estables y justas para el sector agrario
Por otro lado, 2026 marcará también el 500 aniversario de la creación del Consejo de Estado, la institución que tengo el honor de presidir. Una institución clave en el sistema jurídico y administrativo de nuestro país que, aunque a simple vista pudiera parecer que poco o nada tiene que ver con el sector agrario, nada más lejos de la realidad.
Las agricultoras y agricultores de nuestro país necesitan reglas claras, estables y justas para planificar su actividad, comercializar sus productos y acceder a las ayudas de la PAC. Desde los acuerdos comerciales, los estándares laborales y medioambientales, las normas que establecen el régimen de ayudas directas, a la normativa sobre calidad alimentaria, pasando por las denominaciones de origen, la regulación de las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria hasta la incipiente regulación de la agricultura familiar, el conjunto normativo que regula la vida en el campo es extenso y complejo.
Y, en la gran mayoría de estas cuestiones, el Consejo de Estado como “supremo órgano consultivo del Gobierno” ex artículo 107 de nuestra Constitución, ha emitido centenares de dictámenes, coadyuvando con su orientación jurídica a que cada una de estas normas en cuestión se integren adecuadamente en nuestro ordenamiento jurídico, – siendo en muchas ocasiones necesaria su transposición-, y sean plenamente conformes a Derecho en el fondo y en la forma.
El Consejo de Estado, como último órgano del que se solicita Dictamen, contribuye así a la mejora de la calidad normativa y a reforzar la seguridad jurídica que, en definitiva, ayuda a sostener nuestro modelo de Estado social y democrático de Derecho.
Sirva a modo de ejemplo el siguiente dato: sólo en 2024, la Sección 8ª del Consejo, que despacha los asuntos provenientes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha emitido veintiséis dictámenes. En ellos, el Consejo se ha pronunciado acerca de las normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios; las condiciones de aplicación de la normativa de la Unión Europea de comercialización de huevos; las ayudas de minimis en el sector agrícola y pesquero; o sobre el desarrollo de la reglamentación comunitaria en materia de etiquetado, presentación e identificación de determinados productos vitivinícolas -entre otros-.
Asimismo, a lo largo de su existencia ha emitido informes muy relevantes como el Informe sobre la Titularidad compartida de las explotaciones agrarias de abril de 2010, que tuvo como colofón la adopción de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, que tantos beneficios ha reportado a las mujeres en el medio rural y gracias a la cual hay 1.445 altas en Titularidad Compartida en explotaciones agrarias.
En este contexto, el Consejo de Estado desempeña una labor fundamental al velar por la coherencia y la calidad de las normas, contribuyendo así a la seguridad y confianza que el sector agrario, y el medio rural tanto necesita.
Puesto que en el horizonte más inmediato, se vislumbran retos cruciales como la negociación de una nueva PAC que debe ser más justa, más verde y más inclusiva; la necesidad de combatir con eficacia el desperdicio alimentario, que interpela no solo al campo, sino a toda la cadena alimentaria y a nuestros hábitos de consumo; la elaboración de una Ley de Agricultura Familiar que favorezca y priorice este tipo de agricultura que genera mayor valor social y vinculación con el territorio; y, por supuesto, la incorporación real, efectiva de las mujeres rurales en todos los niveles de actuación y decisión, tenemos que reforzar desde las diferentes instituciones nuestro compromiso con la viabilidad y la sostenibilidad -en su vertiente económica, social y medio ambiental- del campo español.
Si hay algo que no podemos permitirnos es seguir avanzando sin contar con la mitad del talento, del esfuerzo y del conocimiento que habita en el campo. Las mujeres rurales son líderes, son emprendedoras, son guardianas del patrimonio, son innovadoras. Por eso, su papel no puede limitarse a una mención simbólica. Es hora de reconocer, con políticas y recursos, lo que ya es una realidad: sin mujeres no hay medio rural con futuro.
Gracias, una vez más, a UPA por hacer posible este espacio de reflexión. Sigamos caminando juntas y juntos. Por un campo vivo, que sea capaz de generar oportunidades para todas y todos, en el que la brecha de género se achique cada vez más.

Fuente: UPA, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos
