Bruselas propone medidas para reforzar la posición de los agricultores en la cadena

La Comisión Europea también elevará a 50.000 euros la cantidad máxima de ayudas públicas que los países pueden conceder a empresas del sector agrícola sin necesidad de que éstas sean notificadas.

La Comisión Europea (CE) propuso este martes nuevas medidas para fortalecer la posición de los agricultores en la cadena de suministro agroalimentario y mejorar la aplicación transfronteriza de la normativa contra las prácticas comerciales desleales.

En concreto, Bruselas planteó modificaciones en el marco jurídico establecido en el reglamento por el que se crea una organización común de mercados de los productos agrícolas (OCM) y un nuevo reglamento sobre la aplicación transfronteriza de la normativa contra las prácticas comerciales desleales.

La CE indicó en un comunicado que los cambios relacionados con las OCM «mejoran las reglas sobre contratos entre agricultores y compradores, hacen que los contratos escritos sean una obligación general y mejoran el modo en que los contratos a largo plazo tienen en cuenta la evolución del mercado y las fluctuaciones de costes, así como las condiciones económicas».

También se hace que sea obligatorio el establecimiento de mecanismos de mediación entre agricultores y sus compradores.

Según Bruselas, también impulsan las organizaciones de productores y sus asociaciones mejorando su poder de negociación, permitiendo a los Estados miembros concederles más apoyo financiero bajo las intervenciones sectoriales de la Política Agrícola Común (PAC) y simplificando las normas sobre su reconocimiento jurídico.

Igualmente, permiten a la UE apoyar financieramente a las organizaciones de productores que adopten iniciativas privadas para gestionar las crisis y se define cuándo se pueden utilizar términos como ‘justo’, ‘equitativo’ y ‘cadenas de suministro corto’ para describir la organización de la cadena de suministro al comercializar productos agrícolas.

Además, se expande la posibilidad para que los agricultores «y otros actores» acuerden iniciativas sobre sostenibilidad «con ciertas dimensiones sociales, como apoyar el relevo generacional, preservar la viabilidad de las pequeñas granjas o mejorar las condiciones laborales de los agricultores y los empleados de las explotaciones».

En cuanto al nuevo reglamento sobre la aplicación transfronteriza de la normativa contra las prácticas comerciales desleales, Bruselas indicó que al establecer un mecanismo de asistencia mutua, las autoridades nacionales de ejecución tendrán la posibilidad de pedir e intercambiar información y solicitar a otra autoridad de ejecución que tome medidas de ejecución en su nombre.

«Este enfoque permite a las autoridades de ejecución acordar el lanzamiento de una acción coordinada siempre que haya sospechas razonables de prácticas comerciales desleales generalizadas con una dimensión transfronteriza», expuso la CE.

«Estas investigaciones mejoran la protección a nivel de la UE de los agricultores y los pequeños y medianos proveedores contra las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agroalimentario», agregó Bruselas.

El nuevo reglamento y los cambios sobre las OCM serán ahora debatidos por la Eurocámara y el Consejo de la UE (los Estados miembros) con vistas a su adopción.

Cambios en el reglamento de «minimis»

La Comisión Europea elevará a 50.000 euros la cantidad máxima de ayudas públicas que los países pueden conceder a empresas del sector agrícola sin necesidad de que éstas sean notificadas para su evaluación a las autoridades comunitarias, según informó en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario anunció cambios en el reglamento ‘de minimis’, que regula el funcionamiento de pequeñas ayudas estatales al sector primario que no necesitan ser comunicadas a Bruselas porque se considera que «no tienen impacto en la competencia o el comercio del mercado único».

Esta revisión entrará en vigor tres días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE y se aplicará hasta el 31 de diciembre de 2032, precisó la Comisión Europea.

En la actualidad, los Estados miembros pueden transferir ayudas al sector agrícola de hasta 20.000 euros por beneficiario (25.000 euros si el país tiene un registro central de estas subvenciones) durante un periodo de tres años sin notificación previa a los servicios europeos de Competencia.

Con las enmiendas introducidas hoy, esta cantidad se eleva a 50.000 euros, lo que supone más que duplicar el límite actual, para «reflejar ciertos factores» como la experiencia acumulada, los recientes acontecimientos en el sector o la inflación observada en los últimos años.

Bruselas también modifica el llamado «tope nacional» de estas ayudas, que está calculado sobre la base de la producción agrícola de cada país y se eleva del 1,5 % actual hasta el 2 %, al tiempo que se amplía el periodo de referencia del 2012-2017 actual al 2012-2023.

Del mismo modo, se suprime el «tope sectorial» que impedía a los Estados miembros conceder ayudas ‘de minimis’ a un sector particular por una cuantía superior a la mitad del límite nacional.

Por último, la Comisión Europea introduce la obligación de crear un registro central de ayudas ‘de minimis’ a nivel nacional o Europeo a fin de «aumentar la transparencia y reducir la carga administrativa de los agricultores y ganaderos (principalmente microempresas) que utilizan actualmente un sistema de declaración propia».

Fuente: EFE AGRO