EUROPA ASUME QUE SE DEBERÁ IMPONER LA OBLIGATORIDAD DE TENER QUE CUMPLIR LOS DERECHOS LABORALES PARA PODER COBRAR LA PAC

España ha apoyado, en la reunión que durante dos días ha mantenido el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE) en Bruselas, a la Presidencia portuguesa para de cerrar los bloques relativos a los pagos directos y al Nuevo Modelo de Aplicación de la Política Agraria Común (PAC), que cada vez está más claro que recogerá la obligatoriedad de tener que cumplir los derechos laborales para poder cobrar el pago básico para alcanzar un acuerdo en el trílogo. Una condicionalidad social que, pese al rechazo que ya provoca en el sector, tendrá el respaldo de España aunque con condiciones, como que no cree más carga burocrática y que haya un periodo de adaptación.

En la cita de los ministros se ha dejado claro que el objetivo es avanzar en la articulación de los 3 reglamentos en los que se ha de basar la próxima política agraria: el relativo a los planes estratégicos, el correspondiente a la financiación, gestión y seguimiento de la PAC y el que regirá la organización Común de Mercado de los Productos Agrarios (OCMA).

PLANAS ACEPTA QUE LOS ASPECTOS LABORALES SE INTEGREN COMO MATERIA OBLIGATORIA EN EL SISTEMA DE ASESORAMIENTO DE LAS EXPLOTACIONES Y QUE LA CE EVALÚE LOS AVANCES A MEDIO PLAZO

En relación con el paquete de pagos directos, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha apoyado el mantenimiento de los elementos de voluntariedad y flexibilidad que permitan a los Estados miembros aplicar los principales elementos de acuerdo con las necesidades identificadas en los planes estratégicos.

En esta propuesta de acuerdo con el Parlamento Europeo se encuentra la elevación del presupuesto mínimo a destinar a jóvenes agricultores, que pasa del 2 al 3%, y la condicionalidad social, o asumir que se debe tener que cumplir los derechos laborales para cobrar la PAC. Al respecto de esta, Planas ha valorado como propuesta para un acuerdo, que los aspectos laborales se integren como materia obligatoria en el sistema de asesoramiento de las explotaciones y que la Comisión evalúe los avances a medio plazo.

En este sentido, Planas ha recordado que no queda mucho tiempo si se quiere tener todo listo para el 1 de enero de 2023 y que será necesario hacer concesiones al Parlamento Europeo, que es quien reclama tener que cumplir los derechos laborales para percibir el pago básico, si se quiere llegar a un acuerdo.

En todos los demás aspectos (agricultor genuino, pago redistributivo, capping…) España está dispuesta a encontrar un punto de compromiso con el Parlamento, pero recuerda que el acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros es un acuerdo muy equilibrado y la columna vertebral de las posiciones de los Estados miembros con respecto a la PAC.

Ha destacado 3 cuestiones: con respecto a la arquitectura verde, ha señalado que los términos del acuerdo de octubre son perfectamente válidos para legra a acuerdos; los mecanismos de verificación, aspecto en el que Planas entiende que “no tendría sentido introducir unos nuevos sistemas de evaluación manteniendo los antiguos”; y la condicionalidad social, sobre la que se quiere alcanzar un punto de encuentro que no suponga mayor carga administrativa.

CONDICIÓN ESPAÑOLA: SIMPLIFICACIÓN Y FLEXIBILIDAD

España ha condicionado el apoyo a las propuestas de compromiso de la Presidencia al resultado final de los reglamentos. Por ello, en lo que respecta a los planes estratégicos y al Nuevo Modelo de Aplicación, ha defendido dos elementos clave: la flexibilidad y la simplificación; ni los beneficiarios ni la Administración tienen que ver incrementadas sus cargas, ha dicho el ministro.

España será flexible, pero la evaluación del rendimiento (una de las grandes novedades de la nueva PAC) debe limitar el número de indicadores obligatorios. Deberán centrarse en aquellos que proporcionan información sobre la mayor parte del gasto, y ser homogénea para todos los Estados sin dejar de garantizar la subsidiariedad en el diseño de los planes estratégicos.

Con respecto al margen de tolerancia en esta evaluación (incumplimientos justificados o tolerables del plan con respecto a los indicadores de seguimiento), ha manifestado su acuerdo con situarlo en el 35 % para 2025 y en el 25 % para 2027.

España ha apoyado la propuesta de Francia para simplificar el nuevo marco de control y evitar que se lleven a cabo controles que vayan más allá del seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos. Todo ello iría en contra de la simplificación, según Planas.

NO A UNA DOBLE CAPA DE CONTROL Y MEJORA DE LA GESTIÓN DE CRISIS

El conocido como reglamento horizontal tiene, en algunas de las enmiendas introducidas por el Parlamento, un problema importante a juicio del ministro, pues supondría la creación de una doble capa de control que conllevarían una importante carga burocrática, por lo que sería necesario llegar a un acuerdo satisfactorio para los colegisladores sin que suponga añadir controles adicionales.

Como propuesta de compromiso, España podría aceptar propuestas como la de controlar a las empresas matrices de las personas jurídicas o la posibilidad de usar de manera voluntaria la herramienta Arachne.

Se trata del reglamento menos avanzado, salvo en las disposiciones referidas al sector del vino, que el ministro ha valorado, sobre todo la extensión de las autorizaciones de plantación hasta 2040, mostrándose abierto a un acuerdo con el Parlamento Europeo en una fecha entre la anterior y 2050.

Pero Planas ha hecho hincapié en varios asuntos de gran importancia que deben cerrarse lo antes posible, sobre todo en relación con la gestión de mercados y la adopción de medidas excepcionales.

En este terreno, España siempre ha defendido una OCMA orientada al mercado, pero también la necesidad de que el comercio global se base en reglas. Reglas que, por otra parte, no deberían poner en desventaja a los productores europeos frente a los de terceros países.

Las importaciones en volúmenes elevados de algún producto o el elevado nivel de exigencia de la UE con respecto a sus propias producciones pueden favorecer ese desequilibrio y hacen necesario un compromiso avalado jurídicamente por parte de Consejo, Parlamento y Comisión.

Fuente: Agroinformación